Desocupación de ocupantes ilegítimos en propiedades

Procedimiento judicial para desalojar “ocupas”.


Ofrecemos defensa judicial de los intereses de su empresa o ya sea usted particular, en relación con la conservación de la posesión y de la propiedad de activos inmobiliarios que sean titulares o ya sean gestionados por usted o por su empresa (que gestionan una, varias o muchas fincas de terceros). Dicha defensa judicial se establece en dos vías: la penal y la civil.

Para los expedientes de precario (dícese ocupas en su terminología no de Derecho o judicial), ya sean fincas tipo viviendas, locales, trasteros, garajes, solares rurales, naves, y/u otros, que han devenido en estar ocupados, ya sea por ignorados ocupantes o por ocupantes que se tenga conocimiento de su filiación, se establece la vía penal y civil para extinguir la ocupación que se está produciendo si el mismo se ha debido a la ocupación en precario.

Desde el momento en el que se sabe que ha sido ocupada una finca y se nos ordena la recuperación de dicha finca, por un lado, lo habitual es interponer una denuncia penal en una comisaria o en el juzgado de guardia por un supuesto delito de usurpación. Delitos contemplados en el Código Penal, artículos 245.1 y 2 (el primero habiendo necesitado violencia para acceder a la finca, y el otro es sin violencia, contemplándose como delito leve). La interposición de la vía penal tiene un interés de prevenir de que sí ocurriera algo en la finca, “nosotros”, ya sea nuestro cliente (el propietario de la finca o ya sea el que gestiona dicha propiedad), estaría prevenido ante cualquier tipo de responsabilidad derivada del mismo por aquellos acontecimientos que ocurrieran en la finca mientras esté ocupada (incendios, utilización fraudulenta de redes eléctricas y/o de agua, etc.), por cuanto ya se denunció que había “ocupas” en la finca.

Al mismo tiempo habría que interponer la vía civil, la importante y la que dará lugar a la desocupación, ya que la vía penal muy pocas veces se puede lograr probar que el ocupante quiere “quitar” la propiedad al legítimo propietario, y que es como así está establecido el delito en sí. Por consiguiente, la demanda civil es la realmente resolutiva, por lo que habrá que interponer la demanda por uso en precario de la finca por parte del/los ocupa/s.

Esta demanda tiene habitualmente tres opciones. Las recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), artículos 250.1.2, 250.1.4 y 250.1.7. La normalidad establece que sean interpuestas por el 250.1.7 (“Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación”).

Pero la experiencia en este tipo de procedimientos de precarios, ha devenido en utilizar el procedimiento que se establece para el 250.1.2 LEC, ya que no se pide caución al ocupante para contestar a la demanda, que entre tanto recurso por dicha caución, hace ralentizar mucho el procedimiento, por no decir, que la mayoría de los recursos de apelación, ya vienen señalando que el establecimiento de la caución a quien no tiene ingresos estaría en contra de lo que viene a disponer que se haya otorgado la justicia gratuita (abogado de oficio que se le designa al ocupante). Aspecto que si bien no se estima en la segunda instancia, siempre los abogados de oficio vienen a señalarlo, a sabiendas de que no le darán la razón, pero no deja de ser un argumento para que ellos puedan recurrir en apelación.

Así por tanto, lo más rápido y eficaz es la interposición de la vía civil, por medio del art. 250.1.2 LEC, que a la vez deja al demandante (nosotros) la posibilidad de probar la titularidad de la finca (y por tanto la legitimidad activa para interponer la demanda) por cualquier medio permitido en derecho (presentando una escritura de compraventa por ejemplo, o de elevación a público de unos pactos, o por medio de una ampliación de capital en la sociedad que haya aportado como bienes unos bienes inmuebles, o una nota simple informativa del Registro de la Propiedad, etc.). En contra, por el art. 250.1.7, que pareciera el habitual en el sector, para interponerla por esta vía, es solo válido con la certificación del registro de la propiedad, que este suele tener muchas incidencias, al no establecer bien quizá la dirección de la finca, o al no haber estado inscrita la titularidad aún por parte de nuestro cliente, etc. Esto hace que por la vía del 250.1.2 LEC, con solo tener una prueba que establezca que somos los titulares y luego con un informe de ocupación (o la propia denuncia penal) o de localización, ya el proceso correría a nuestro favor sin espera alguna.

Decir al respecto, que los tiempos para recuperar las fincas varían mucho en función de las localidades, ya que unos juzgados van más rápidos que otros, si bien, se puede establecer una horquilla de 6 meses para los casos en los que nadie ha contestado a la demanda, se ha interpuesto la ejecución de la demanda, y se procede a establecer fecha de lanzamiento (desahucio) rápido, y unos dos años para los casos más lentos, que pueden deberse a que se recurrió en apelación por parte del ocupante, o que el juzgado no ha ido lo rápido que se le presupone para casos tan metodológicos y corrientes como es el de precario. Estos en cualquier caso son los menos habituales, los que tardan tanto.

Por todo ello, por consiguiente, el servicio profesional de defensa jurídica de los intereses patrimoniales en lo relativo a la posesión, ya establecemos todos los aconteceres que pueden dar lugar a dichos procedimientos judiciales.


Siendo este escrito una memoria sencilla, resumida  y fiel a lo que se requiere para este tipo de servicios, estamos a su servicio para cualquier consulta o para entrar en conversaciones a un nivel más pormenorizado si creen que les puede ser de interés nuestros servicios.

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